El desafío de la gestión de los fondos Next Generation EU

De todos es sabido que la economía española ha sido una de la más perjudicadas por la crisis sanitaria del coronavirus.

Ante esta situación, el Gobierno presentó el pasado mes de octubre un Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, basado en los recursos que la Unión Europea (UE) va a poner a disposición de España para los próximos seis años en transferencias a fondo perdido y créditos.

De hecho, el Parlamento Europeo aprobó 79.797 M€ que España recibirá entre 2021 y 2023, el llamado fondo Next Generation EU, para hacer frente a los estragos de la crisis económica ocasionada por la COVID-19.

Dentro de los 79.797 M€ está incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (69.528 M € de ayudas directas mediante subvenciones), y el Programa ReactEU con 10.269 M€ en créditos. España obtendrá así 150.000 M€ del fondo Next Generation EU, que la sitúa como el primer país receptor seguida de Italia, con un 8% real más de lo inicialmente planificado.

Objetivos de los fondos Next Generation

El montante total de los casi 80.000 M€ asignado a España en subvenciones está condicionado a un plan creíble y coherente del Gobierno que aborde una serie de “objetivos y reformas” estructurales que España lleva años sin terminar de resolver (en el ámbito de las pensiones, el ámbito laboral y unidad de mercado, fundamentalmente) para poder ir recibiendo los fondos de la Comisión Europea (CE).

Asimismo, Ursula von der Leyen, presidenta de la CE, confió hace dos semanas que los primeros pagos llegarán antes del 30 de junio de 2021, instando a los estados miembros a que ratifiquen nacionalmente el Plan.

El Next Generation UE son subvenciones condicionadas a abordar “objetivos y reformas”. Te contamos cuáles:

Las reformas impuestas por la CE para la recepción de estos fondos le permitirán a España (al menos en teoría) aumentar el potencial de crecimiento económico y crecer mejor, impulsando diferentes proyectos para superar la crisis del Covid-19 y modernizar nuestra economía.

Es decir, el objetivo de los fondos es hacer posible la recuperación de España pero, fundamentalmente, transformar nuestro modelo económico invirtiendo según las prioridades estratégicas que nos ha marcado la UE: energías sostenibles, eficiencia energética, digitalización, educación, economía de los datos, etc.

Todo ello a través de la ejecución de proyectos en los que poder implementar estrategias a largo plazo. Es decir, cambiar nuestro modelo productivo con inversiones públicas que tengan objetivos alineados y desde ahí, seleccionar proyectos.

Hace falta implementar estrategias a largo plazo que impliquen un cambio en nuestro modelo productivo

Para conseguir este ambicioso objetivo de reestructuración se ha aprobado el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Decreto tiene como fin último agilizar la gestión de la Administración y permitir que los fondos activen rápidamente la recuperación en España.

Sin embargo, existen muchas dudas sobre la gobernanza, la agilización de los procedimientos para gastar el dinero, el mediocre desempeño para gestionar fondos europeos, y el enorme reto de gestión que supone articular los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que tendrán prioridad absoluta, junto con la necesaria colaboración público-privada que pueda sacar adelante proyectos de envergadura con verdadera proyección social, de forma que se aprovechen al máximo las ayudas.

El desafío de poder gestionar los fondos Next Generation

A pesar de los planes diseñados y de la gran cantidad de fondos disponibles, hay muchas dudas sobre la capacidad de las regiones europeas para gestionar las oportunidades financieras europeas.

En particular, sobre la capacidad de España para solicitar y gestionar fondos europeos, habiendo sido el país que peor ha gestionado las ayudas de la UE en los últimos años.

En efecto, Bruselas advierte de que se trata de gastar de forma ágil y eficiente, y pone en duda la capacidad española para ejecutar los 150.000 M€ (el desembolso de los fondos sólo podrá ejecutarse hasta 2026).

Si observamos la trayectoria de ejecución y gestión de fondos comunitarios de España, desde 2014 sólo hemos logrado invertir el 34% de los euros asignados en el anterior Marco Financiero Plurianual (MFP), presupuesto de la UE a largo plazo, renovado por otros 7 años tras la última cumbre del Consejo Europeo (datos a 25/09/20), o lo que es lo mismo, 19.251 M€ de un total planificado de 56.291 M€, mientras que la media comunitaria se sitúa en el 46%.

Bruselas pone en duda de que España pueda ejecutar 150.000 M€

Y lo más grave, España en los últimos cuatro años ha pasado de ser beneficiario a ser contribuyente neto al presupuesto de la UE. Es decir, ha pagado más de lo que recibe de Europa.

A la vista de estos datos, podemos afirmar que las carencias demostradas por las Administraciones regionales y organismos públicos que han venido gestionando fondos europeos es un problema estructural en España que pone de manifiesto la falta de recursos humanos, materiales y digitales con los que superar retos de esta envergadura.

Las administraciones y organismos públicos españoles adolecen de recursos humanos, materiales y digitales para encarar este reto

Y es poco creíble que el Real Decreto-Ley para la modernización de la Administración pública y ejecución del plan de recuperación consiga una verdadera transformación si no va acompañado de un plan estratégico y un modelo de gobernanza inclusivo que se adecue a las capacidades reales de nuestra gestión pública.

Según los expertos, no hay una sola causa que pueda explicar esto, que incluso podría derivar en un colapso de la Administración ante la gestión de la ingente cantidad de estos fondos.

Es un problema de burocratización de la Administración Pública, falta de medios humanos para gestionar las cantidades planeadas o de que los proyectos muchas veces no lleguen a ejecutarse por tener que ser cofinanciados por organismos públicos regionales o locales, que en multitud de ocasiones no cuentan con los recursos necesarios.

Principales obstáculos

Así, la encuesta sobre El Fondo Europeo de Recuperación realizada por PwC a un colectivo de empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de I+D económicos.

El estudio señala la fragmentación y la polarización política, el contar con una Administración Pública poco ágil y excesivamente burocratizada, y la actual estructura territorial del Estado (la descentralización con problemas de coordinación entre el Gobierno central, las CCAA y los ayuntamientos) como los principales obstáculos para la correcta absorción de los fondos europeos y el logro de la esperada transformación económica.

La dificultad de España va más allá del limitado conocimiento que las empresas (en especial las pymes, el 97% de nuestro tejido productivo) tienen sobre los mecanismos y posibilidades de financiación europeos. Algo que la CE ya advirtió a España en 2013 sobre los fondos estructurales.

La gran mayoría de las pymes españolas desconoce los mecanismos y posibilidades de financiación europeos

A esto se añaden las dudas que surgen sobre nuestra capacidad de gestión de fondos Next Generation, teniendo en cuenta los problemas de ejecución surgidos en planes de financiación previos, que han resultado ineficientes para conseguir mejorar la competitividad de nuestras pymes y no lograron potenciar su capacidad de innovación tecnológica, creatividad y transferencia del conocimiento.

Puesto que el nuevo fondo europeo se basa en la mejora de la competitividad empresarial, tal vez a corto plazo resulte complicado que España pueda mejorar la ejecución de los fondos europeos, siendo necesario desarrollar nuevas estrategias a medio-largo plazo que permitan reducir las actuales rigideces administrativas, garantizar una gestión eficiente de los recursos disponibles, y hacer posible alcanzar el objetivo de cambios y reformas de los fondos.

Una oportunidad histórica

Estamos ante una oportunidad histórica que, simplemente, no podemos dejar pasar.

A pesar de los estragos de la pandemia, la caída histórica del PIB (11,6% en 2020), los grandes problemas coyunturales a los que nos enfrentamos en los próximos años, etc. con una buena gestión de la financiación que Europa ha puesto a nuestro alcance, podremos mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial, modernizar nuestras infraestructuras y forma de trabajar, potenciando el emprendimiento y logrando un crecimiento más sostenible.

En definitiva, gracias a los fondos Next Generation tenemos la oportunidad de conseguir unos cambios estructurales que reduzcan la actual brecha con las grandes economías europeas.